La violencia electoral nace con la alternancia en 2000
Foto: Especial
La corrupción y la tentación del poder político van de la mano en este atentado contra la democracia
Ignacio Alvarado Álvarez
Hace un par de décadas, Guillermo Gómez Romo de Vivar era jefe del Departamento de Educación Cívica de la Vocalía de Capacitación Electoral Cívica del Instituto Estatal Electoral de Michoacán. La entidad, lo mismo que el país, vivía los primeros años de una democracia que llegó con el primero de los gobiernos de alternancia, encabezado por Vicente Fox. El paso de los años demostraría que aquello fue, en los hechos, lo más parecido a un remedo de liberación de los viejos yugos políticos, que no tardaría en desbocar los cacicazgos regionales y la corrupción institucional que permitieron la penetración de los grupos criminales en los subsecuentes procesos electorales, lo mismo ahí que en buena parte del país.
“Recuerdo que hicimos un estudio por aquella época, y ya se empezaba a debatir sobre dos temas: el registro de las planillas de los presidentes municipales, y verificar que el crimen organizado no impusiera a sus candidatos”, dice Gómez Romo de Vivar, quien hoy es coordinador de posgrados en la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. El instituto electoral se hizo a un lado bajo el argumento de que no eran Ministerio Público, pero tampoco procedió por las vías legales que le fueron presentadas. “Me enfoqué en la parte del derecho electoral para que se hiciera algo. No se hizo, y creo que a partir de ahí fue creciendo la inseguridad, la falta de garantías para los candidatos y precandidatos, sobre todo en procesos municipales. No se logró hacer una prevención, menos una coordinación entre autoridades estatales, municipales, de seguridad pública y, bueno, ahorita estamos teniendo estos lamentables resultados. Lo veo así: existen víctimas y victimarios, por no atender a tiempo el problema”.
En el marco del actual proceso electoral han sido asesinados cuatro aspirantes a un cargo de elección en Michoacán, además de otras tres personas relacionadas con algún tipo de función operativa en las campañas. La jornada más violenta ocurrió a finales de febrero, con el asesinato de los candidatos de Morena y el PAN a la presidencia de Maravatío. Ninguno de los dos partidos ha sustituido esas candidaturas, y no es el único efecto que deja la violencia electoral. El martes 9 de abril, el PRI anunció que no tiene abanderado en los municipios de Áporo, Yurécuaro y Villa Morelos, ante las amenazas de muerte que han recibido. El PRD, a su vez, ha dicho que seis de sus candidatas y candidatos para igual número de alcaldías han renunciado por temor a ser víctimas de un atentado. Una y otra dirigencia estatal tienen el mismo argumento: la autoridad electoral desoye sus advertencias sobre el asedio criminal, y la fiscalía no ha dado pie siquiera a sus denuncias.
“Desde luego que no es un tema nuevo, que suceda apenas en estos tiempos. Es un tema de antaño, viejo”, dice Octavio Ocampo, el dirigente del PRD en Michoacán, quien ha sido candidato en las contiendas efectuadas desde 2006. “Lo que sí creo es que hoy se ha hecho con mayor presencia, es decir no hay punto de comparación con la elección de hace tres años, en la que fui candidato a diputado federal; no es lo mismo del 2018, que fui candidato a diputado local; no es lo mismo de 2015, que fui candidato a presidente municipal. Hoy veo un mayor grado de injerencia, y por supuesto en lo violento que viene siendo el proceso electoral. Nosotros como partido político no somos ajenos a ello, y nos hemos blindado lo más posible”.
En Guanajuato, donde han sido víctimas de homicidio un candidato y una candidata, del PAN y Morena respectivamente, el desánimo ciudadano pesa, aún con un registro de ataques que palidece si se compara con Michoacán, Guerrero, Morelos o Chiapas. Más que la cantidad, perturba la manera en la que se mata. El asesinato de Gisela Gaytán, el día que inició su campaña en pos de la presidencia municipal de Celaya, dejó un impacto ciudadano que difícilmente habrá de quitarse. La abogada de 37 años, abanderada de Morena, fue atacada a balazos mientras se hallaba en medio de la multitud, en pleno mitin de campaña. Gaytán comenzó el día y terminó su vida hablando de seguridad. Los días siguientes a su muerte se han efectuado arrestos de posibles actores involucrados. Aún así, el ataque ha hecho mella. “Trabajo con jóvenes de licenciatura, y platicaba con ellos sobre lo sucedido. Sobre todo los veo molestos, los veo desilusionados”, dice Gómez Romo de Vivar. “La mayoría será la primera vez que vota, y lo que veo es que no están garantizados sus derechos como elector, porque existe esa falta de coordinación y resultados de la autoridad del estado y del sector electoral”.
De los 32 estados que conforman la república, 20 registran homicidios relacionados a la contienda rumbo al 2 de junio. La idea de que los criminales influyen en el proceso democrático, sin embargo, abarca al país completo. Es algo, como señala el doctor en derecho de la Universidad de Guanajuato, que no se veía en las generaciones que votaron por primera vez en la década de 1990.
II
La presencia del ‘narco’ en la selección de candidaturas si acaso era una idea vaga a comienzos del siglo. El mapa de la violencia se mantenía hasta cierto punto estático. Fuera de Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Sinaloa, Jalisco, Morelos, Guerrero y Quintana Roo, eran pocas las entidades con registro importante de violencia relacionada con el tráfico de drogas. Pero aún dentro de esas entidades, la tasa homicida era sustancialmente baja comparada a lo que pasa hoy día. El arribo de Fox a la Presidencia de la República fue acompañado por triunfos electorales del PAN y el PRD en entidades y municipios clave para el trasiego de estupefacientes. Al mismo tiempo significó una ruptura con el presidencialismo y la verticalidad de un sistema centralizado que permitió hasta ese momento el control de las operaciones criminales. Gobernadores y alcaldes emergieron sin la sombra del gobierno central, y lo mismo hicieron las instituciones de seguridad pública, que en lo sucesivo habrían de formar parte activa de las redes delictivas.
En Caminos de Michoacán: elecciones, narcotráfico e izquierda, el sociólogo Rubén Darío Ramírez Sánchez analiza el fenómeno, situándose en Michoacán. El triunfo de Fox es fruto de los movimientos en busca de la democracia iniciados desde finales de la década de 1980, pero si bien la alternancia significó un avance hacia la normalidad electoral y la estabilidad, sería algo pasajero. En las presidenciales de 2006, la injerencia del presidente y la de varios gobernadores terminarían por exhibir las limitaciones y grietas del sistema electoral. “En este tardío y desesperanzador tránsito hacia la democracia predominan los basamentos del viejo régimen que preserva las facultades metaconstitucionales del presidente, la monopolización de la participación y representación política de los partidos políticos, en tanto que la expresión popular se limita a la emisión del voto. En este contexto, los gobernadores han fortalecido sus redes de poder, cuyas acciones incentivan las prácticas de dominación caciquil que obstaculizan procesos de formación ciudadana, aunado a la displicencia del Estado para combatir la corrupción institucional, así como para detener la expansión de los grupos criminales y su capacidad financiera para corromper e infiltrar o copar las instituciones del Estado”, escribe.
Para 2012 en que fue publicado el texto académico, Ramírez Sánchez si bien señalaba que, en sentido estricto, México no era el Colombia de los 90´s, comenzaban a registrarse “atentados y amenazas contra actores políticos, lo cual nos perfila hacia un escenario de esa naturaleza”. El sociólogo brinda como ejemplo de corrupción institucional y de intervención política, al arresto masivo ordenado por Felipe Calderón el 26 de mayo de 2009, conocido como el ‘michoacanazo’. En total fueron aprehendidos, sin que se notificara al gobierno del estado, 22 funcionarios públicos y 10 alcaldes, la mayoría del PRI y el PRD.
Los ecos de aquel operativo marcaron la ruptura en la cadena de gobiernos perredistas, pero el relevo del PRI fue más infame. El gobernador que sustituyó a Fausto Vallejo, Jesús Reyna, fue arrestado en mayo de 2014 por supuestos vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico, mientras que el hijo de Vallejo, Rodrigo Vallejo Mora, fue grabado departiendo con el entonces líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, la Tuta, en julio de ese mismo año. “Es difícil explicar lo que pasó desde entonces, a mí no me toca estar en algún área de seguridad para que yo pueda saber o pueda conocer; es difícil poder decir en qué momento inició todo”, dice Octavio Ocampo, el dirigente estatal del PRD. “Creo que el país atraviesa una crisis tremenda, no solo en Michoacán. Creo también que el gobierno minimiza demasiado este problema y que hoy por hoy existe un riesgo complicado en el que estos grupos puedan no solamente incidir, sino que toman el control prácticamente de muchos espacios de gobierno”.
Esa intromisión de la que habla el dirigente político, es la razón por la que se han quedado sin candidaturas en seis municipios, que omite nombrar por cuestiones de seguridad. Y también detrás de la solicitud de protección que han hecho otras tres candidatas, sin que a la fecha se les resuelva el derecho a la custodia. Pero no es suficiente. La desconfianza prevalece, y ha cambiado también la forma de buscar el voto y el discurso mismo. “Te cohíbes para hablar las cosas como se deberían de hablar”, dice Ocampo. “Lo que se vive es un agravio a la democracia. El hecho de que un aspirante decida bajarse por la influencia de grupos externos al proceso electoral, en ese momento se violenta el derecho a que cualquier ciudadano pueda ir a participar, el derecho a ser votado. Este inicio violento puede terminar en que los michoacanos no vayan a ejercer su voto con plena libertad, y eso sin duda ya es que un hecho atroz en contra de nuestra democracia, porque estoy seguro que no solo en Michoacán, sino en una gran parte del territorio mexicano, viven bajo las mismas condiciones”.
La violencia electoral no solo es ejercida por grupos criminales. En ella intervienen por igual los grandes caciques de la política, señala Guillermo Romo Gómez de Vivar. Cota un estudio realizado en 2021 por el Instituto Electoral de Guanajuato y la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE). El objetivo era conocer los riesgos de la abstención. La inseguridad se halló como uno de los factores principales, pero también apareció la interferencia de los oligarcas locales. “Sin duda alguna que existe una línea muy delgada entre quienes también tienen acciones mafiosas, donde grupos de control político quieren también a sus propios candidatos, más allá de las reglas de equidad o paridad, de las acciones afirmativas con las que muchas veces no están de acuerdo”, dice el doctor en derecho. “Aunque quizá sea difícil de distinguir, no podemos dejarlo de lado”.
