Rechaza 4T nepotismo, pero avala a Bertha Alcalde para la fiscalía de la CDMX
18/12/2024
La reciente inclusión de Bertha Alcalde Luján, hermana de Luisa María Alcalde, actual dirigente de Morena, en la terna para ocupar la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ha abierto un intenso debate sobre los principios de autonomía e imparcialidad en las instituciones de justicia y ha puesto a prueba la narrativa de la autodenominada Cuarta Transformación que ha rechazado abiertamente el nepotismo en el discurso público.
El proceso para seleccionar la terna de donde saldrá la fiscal ha estado marcado por decisiones rápidas y cuestionamientos sustantivos. Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, envió la terna al Congreso local en menos de tres horas tras recibirla, un hecho inusual que ha alimentado las críticas sobre la falta de deliberación adecuada y la posible premura para garantizar una designación específica antes de cerrar el año.
Aunque la revalidación de los estudios de maestría de Bertha Alcalde fue aceptada por los consejeros del Consejo Judicial Ciudadano (CJC) que inicialmente se opusieron a su candidatura, persisten dudas sobre su autonomía y sobre la influencia que podría ejercer su parentesco con la dirigente de Morena. A pesar de las palabras conciliatorias de consejeros como Emiliano Robles Gómez Mont y Bárbara Yllán, quienes cambiaron su postura inicial, el argumento del conflicto de intereses sigue presente en el debate público.
El rechazo al nepotismo ha sido una bandera de la 4T, sin embargo, la defensa de Bertha Alcalde pone en entredicho la consistencia de este principio. En un momento crítico para el país, donde la confianza en las instituciones es frágil, resulta imprescindible que el proceso de elección del nuevo fiscal sea transparente, libre de presiones políticas y centrado exclusivamente en la idoneidad del perfil profesional.
Más allá de los nombres y los parentescos, lo que está en juego es la credibilidad de una fiscalía que debe ser garante de justicia para todos los capitalinos. La urgencia no debe ser excusa para comprometer la legitimidad del proceso ni para alimentar percepciones de parcialidad en una institución que exige independencia plena.